CONSEJO DE LA JUDCATURA FEDERAL
a
Palabras del Ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en el CCV Aniversario del Natalicio de Benito Juárez.

 

México, D.F., 21 de marzo de 2011


Señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa; señor Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República; Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera; señor Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, señor Diputado licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín; doctor Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral; respetada Diputada Eufrosina Cruz Mendoza, Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca; señoras y señores.


Hoy, debemos aprovechar el Aniversario del Natalicio de don Benito Juárez García para repensar su legado, su ejemplo; recordar el nuevo tiempo mexicano y hacer una lectura inteligente de Juárez. Traer a Juárez del Siglo XIX al Siglo XXI, en sus virtudes, en su patriotismo, en su visión progresis- ta de la sociedad, en su liberalismo, hombre de leyes e instituciones.


Remembrar a este gran ex Presidente de México, a este gran ex Presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación; a este gran oaxaqueño, uno de los verdaderos Padres fundadores de la Patria mexicana, forjador de instituciones.


Benito Juárez García, hombre con visión y con sentido de Estado, que entendió que la esencia de la política moderna, ya en el siglo XIX, era la cons- trucción y el fortalecimiento de las instituciones, supo cuidar los rituales y las formas dictadas por las leyes, hasta en sus últimas consecuencias.


Supo respetar a cada una de las instituciones y darle su lugar para fortalecer a todo el conjunto de ellas en el Estado mexicano. Juárez, hombre que entendió al poder político y al derecho en su esencia, que supo darles, a ambas, la fuerza y majestad necesaria, para conducir al Estado en el sende- ro de la justicia, por el camino de las instituciones.


Hoy que algunas voces de la sociedad se sienten seria, justificadamente, a veces, insatisfechas de todo el sistema de justicia, así, de todo, sin distin- guir instancias, órdenes, ni fueros, que atestiguan con suspicacia su trabajo, que desconfían del uso que se le da sus atribuciones, debemos llevar al extremo el respeto y la dignidad de las leyes y las instituciones, y cumplir, cada uno de nosotros, con nuestra responsabilidad, Estado y sociedad, unidos por la paz y la tranquilidad de la República. Debemos recordar a Benito Juárez.


Quienes somos juzgadores debemos repensar, con Juárez, que estamos al servicio de la sociedad, que no somos un estamento por encima de ella, y que tiene el legítimo derecho de evaluar constantemente, en forma pacífica y racional, nuestro desempeño.


El Poder Judicial de la Federación hace valer los derechos y libertades que la Constitución garantiza a todos por igual, el que todos seamos tratados de la misma manera, de acuerdo con la ley. Y esa es la mayor garantía de igualdad y de unidad nacional.


Unidad nacional que no se logra por decreto, que no se entiende con programas de Gobierno, mucho menos en discursos. Unidad nacional, que se logra poco a poco, a partir de cada acto realizado por las autoridades públicas, en el marco de los poderes y atribuciones que la Constitución les otorga; y que llevan a cabo en consonancia con los intereses de la sociedad y sus individuos.


Los juzgadores Federales creemos, con Juárez, el juzgador, que al actuar con rectitud, con honorabilidad, con independencia, con imparcialidad, con transparencia, abonamos a la confianza social y, con ello, a la unidad nacional.


La crisis de confianza que atravesamos no es indiferente al Poder Judicial de la Federación. Lo reconocemos, estamos dentro de y con la sociedad. Debemos nutrir nuestro trabajo con sus reclamos y exigencias, para así abatir, entre todos, las dolencias y temores que nos son comunes.


A los jueces constitucionales, obligados a escuchar las demandas de la sociedad en litigio, nos corresponde templar exigencias opuestas. De ahí, la naturaleza siempre polémica de nuestra labor: decidir quién gana y quién pierde, decidir quién tiene la razón y quién no, quién tiene algo, quién no tiene nada.


La relación de la sociedad con sus jueces no termina cuando se emite una sentencia. Toda resolución es evaluada detenidamente, no sólo por los interesados, a veces por toda, toda la sociedad; a veces en otros países.


Si los jueces hablan por sus sentencias, nada impide que sean revisadas críticamente en su accesibilidad, en su honestidad, en su solvencia técnica, en su estricto apego a los principios del Estado democrático. No existe contradicción.


Hacemos el trabajo que nos toca, aplicamos con pulcritud las normas que nos han sido dadas para hacerlo. El resultado lo mostramos a la sociedad, quien lo aprueba o no lo aprueba y, si fuera el caso, ordena la mejora de las reglas que nos rigen a todos, a través del trabajo de sus representantes populares.


La sociedad exige a todos un cambio. De hecho, no es otro el contexto en el que puede explicarse las reformas de hondo calado, que han sido apro- badas en días recientes y que habrán de cambiar el funcionamiento sustantivo, entre otros, del Sistema Nacional de Procuración e Impartición de Justicia.


Las reformas modificarán el Sistema de Justicia Penal, la Institución del Juicio de Amparo y la manera en la que entendemos el reconocimiento constitucional de los derechos humanos. Será para bien. Recordemos a Juárez, El Juzgador.


El trabajo cotidiano de los jueces y magistrados será necesariamente diferente, para ello nos estamos preparando. La sociedad nos exige y nos reclama legítimamente, pero vale la pena preguntarnos, qué debe pedirle la sociedad a sus jueces.


La sociedad debe pedir a sus jueces trabajar, sobre todo, con profesionalismo, con honestidad, con transparencia, con calidez, oportunidad, eficien- cia. Debe exigir a sus jueces que rindan cuentas de sus actos, que honren los valores democráticos de la Constitución y que, de ser el caso, se haga valer a la Constitución como la ley del más débil. Así lo entendemos.


Pero, qué es lo que la sociedad no puede esperar de sus jueces. Desde el Poder Judicial de la Federación, creemos que la sociedad no debe esperar de sus jueces que atiendan consignas, que obren bajo amenazas, que abdiquen de su autonomía a su independencia, que resuelvan utilizando criterios ajenos al derecho; que por intimidación o deshonestidad comprometan su criterio, que se debatan los juicios en cauces ajenos a lo legal- mente establecido; que, violando derechos, se convaliden políticas públicas.


Esto nunca lo querrá la sociedad para sí mismo. Querría, con Juárez, el juzgador, el estadista, un país de leyes; un país de instituciones, de certeza, de seguridad jurídica, de jueces seguros y confiables, no de percepciones, no de injusticias.


La imparcialidad del Juez, la respetabilidad del Juez que a todos nos conviene, en la visión en la que Juárez creía, conduce a que el Juez resuelva los asuntos con templanza y prudencia, con equilibrio, pero, sobre todo, con estricto apego a todo derecho. Certidumbre en la exacta aplicación de la ley, igual para todos.


Hagamos el esfuerzo por volver a la senda de Juárez, que no es diferente el rumbo de respeto a la ley y las instituciones, que no es distinto al camino de todos nosotros, el camino hacia una historia de armonía y de paz, sustentada siempre como Juárez quería en el respeto a la Constitución y a las leyes y con ello, a sus jueces. Muchas gracias.

 
 
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